*Urge una reforma legislativa de gran calado en la administración pública para que ningún Gobierno deje millonarias deudas
H. Matamoros, Tam. (17 de octubre del 2022) Hace una semana exactamente, estando de gira en Tampico, 24 horas después de haber recibido al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador, Américo Villarreal Anaya, acompañado de su Gabinete, confirmó lo que ya habían anticipado en el proceso de entrega recepción: Que recibieron un Gobierno en quiebra, con deudas millonarias con proveedores y sin recursos en caja para hacer frente al gasto corriente de la Administración en lo que resta del año.
Se denunció que el gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, les dejó en caja 7 millones de pesos. Esto me recuerda a un reclamo similar que un Alcalde de Matamoros hizo a su antecesor, a quien reclamó que solamente le había dejado en caja 100 pesos en caja. Este le respondió “te juro que no los vi”.
El Gobernador Américo Villarreal Anaya denunció que a una semana de haber iniciado su gobierno se detectaron graves irregularidades de la administración anterior, destacando un déficit de 2 mil millones de pesos, se cuentan con 7 millones para el ejercicio del último trimestre; desorden administrativo, obras sobrevaloradas y «moches» por 4 mil 800 millones de pesos.
«Recibimos un estado arruinado y peor aún, maliciosamente saqueado. La situación que guardan las finanzas es peor de lo que se creía», reveló el Mandatario Tamaulipecos.
Al hacer una radiografía de la situación del estado que guarda la administración estatal y acompañado por 11 secretarios de su gabinete, el Gobernador Américo Villarreal aseguró que su gobierno no puede ser omiso a todo lo ocurrido en el pasado reciente y reiteró que no habrá impunidad, «porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie».
La crisis financiera con la que reciben el Gobierno del Estado, sin lugar a dudas es un grave problema, porque eso dificultará al Gobernador Américo Villarreal Anaya, emprender sus acciones y programas de Gobierno, porque primero tendrá que sanear las finanzas pública.
Es verdaderamente penoso que como consecuencia de los vacíos que hay en la Ley y la falta de reformas jurídicas, cada vez que comienza un Gobierno tiene que comenzar de cero, con las arcas vacía y en quiebra.
Hagamos un poco de la historia política en Tamaulipas para demostrar que Gobierno de concluye deja las finanzas en quiebra, porque no hay quien pague las consecuencias, dado que no hay instrumentos jurídicos, por ejemplo, para proceder con severas sanciones a quienes dejen deudas millonarias a proveedores o bien obras inconclusas y sin un flujo de ingresos en caja que al nuevo Gobierno le permita hacer frente al gasto corriente en los últimos tres meses de su primer año.
Recuerdo que cuando Egidio Torre Cantú asumió las riendas del gobierno de Tamaulipas, al término del mandato de Eugenio Hernández Flores, recibió un Gobierno también en banca rotas, con adeudos por más de 8 mil millones de pesos en proveedores y ministraciones de obras en proceso.
Egidio Torre Cantú no puso el grito al cielo porque Eugenio Hernández Flores, era de su mismo partido y por la relación que tenía con él motivo por el cual tuvo que apechugar en silencio, lo que no fue obstáculo para que se conociera las deudas millonarias que heredó, dado que era un secreto a voces entre los funcionarios del Palacio de Gobierno.
La crisis financiera con la que Egidio Torre Cantú recibió el Gobierno, provocó que, hasta el inicio del segundo semestre de su primer año de Gobierno, pudiera poner en marcha sus programas sociales de Gobierno y algunas obras, porque su prioridad era pagar las deudas millonarias a proveedores.
Cuando Francisco García Cabeza de Vaca asumió las riendas del Gobierno de Tamaulipas, recuerdo que, en el centro de convenciones, durante su primer mensaje que dio a la sociedad, su queja fue que recibió un Gobierno endeudado, con miles de millones de pesos pendientes de pago.
También Cabeza de Vaca se quejó que recibió un Gobierno con una deuda multimillonaria con bancos, resultado de créditos que fueron contratados con anterioridad y a los que había de hacer frente con los bancos privados, en el mediano y largo plazo.
No recuerdo que haya amenazado a su sucesor, Egidio Torre Cantú, de llevarlo a los tribunales por actos de corrupción, fortaleciendo la sospecha de que Egidio negoció con Cabeza de Vaca la entrega del poder a cambio de impunidad y como primer paso de ese pacto, hay que subrayar, le aprobó todas las cuentas públicas pendientes que tenía Francisco cuando fue Alcalde de Reynosa.
No recuerdo en qué condiciones recibió Tomás Yárrington Ruvalcaba las riendas de Tamaulipas de su antecesor, Manuel Cavazos Lerma, pero no dudo que, en condiciones similares a las actuales, pero sin que se ventilaran en público porque ambos provenían del PRI.
Al menos en los últimos tres sexenios hay evidencias claras y publicas que los Gobernadores salientes dejaron a sus sucesores deudas multimillonarias, porque reitero, no hay una legislación que sancione severamente al gobernante que deje cuentas pendientes no solamente a proveedores, sino por ministraciones en los avances de obras en proceso. Y tampoco la certeza de un flujo en caja que permita, hacer frente al gasto corriente.
Tampoco hay sanciones severas para castigar no solamente a los funcionarios que “tengan aviadores en sus nóminas” y a quienes reciben esos beneficios sin trabajar.
Ante esa cruda realidad ninguno de los gobernantes anteriores de Tamaulipas y tampoco las legislaturas, tuvieron la visión para emprender una reforma revolucionaria de la administración pública que evite que quien termina el Gobierno deje un estado en quiebra, imponiendo sanciones severas, incluyendo penalidades de cárcel para quienes entregan su Estado con deudas multimillonarias a proveedores, falta de pago a los empleados públicos y aviadores.
Lo anterior nada tiene que ver con los actos de corrupción que pudiera detectarse. En tales casos el compromiso del Gobernante es proceder en contra de los saqueadores y no brindarles impunidad, como se comprometió la semana pasada Américo Villarreal Anaya.
Ojalá y que el Gobernador Américo Villarreal Anaya, una vez que haya podido poner en orden las finanzas públicas, acompañado de los diputados de su Partido, pudieran emprender una profunda reforma sobre la administración pública, para que nunca más se repita la historia de recibir un Estado en quiebra, en banca rota, porque aquellos que lo hagan pagarían las consecuencias con severas penas y hasta con penalidades de cárcel.
Si hay un presupuesto aprobado, no se justifica por ningún motivo que se dejen cuentas pendientes a proveedores. Alguien pudiera salir en defensa de los que se fueron que hubo recortes en las participaciones. Si ese hubiera sido el caso, el Estado puede hacer ajustes a su presupuesto, para no gastar más de lo que va a recibir.
Y por ejemplo, a partir de julio el Gobierno debió cerrar sus compras y tener todo cubierto a sus proveedores.
Si se establecen normas claras y precisas sobre la administración de los recursos públicos del Estado, ningún gobernante ni funcionario, se atreverá a dejar deudas pendientes a proveedores a sabiendas que será llamado a cuentas y que hasta podría ir a la cárcel, porque no se justifica que, si se tiene un presupuesto, no se pague oportunamente. Eso provoca la sospecha de que hubo saqueo del erario público, actos de corrupción.
Si no se hace una reforma jurídica de la administración pública de gran calado como la que estoy proponiendo, la historia de recibir un Estado en quiebra se seguirá repitiendo.
